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Las imágenes que se hicieron virales en las que agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en Tapachula empujaban a mujeres y hombres migrantes, los golpeaban y los perseguían para regresarlos a sus países de origen; forman parte de los operativos que se han desplegado en todo el país para frenar el avance de las caravanas hacia Estados Unidos.

Los funcionarios no solo han arremetido contra los indocumentados y aquellos que no están regularizados en el país, también han atacado sin contemplaciones a los que tienen carnet residencia permanente o temporal.

En las terminales de las principales ciudades y en puntos estratégicos de las carreteras instalaron puntos de control. Allí ordenan a los extranjeros que se bajen de los autobuses y de los vehículos particulares, los requisan y a pesar de que tienen su documentación en regla se los llevan a los centros de detención para extorsionarlos.

A Juan Alberto Pérez, esposo de Yarelis Márquez Sánchez, lo aprehendieron. Pasó dos días en un calabozo y fue tratado como un delincuente común. Según el relato de Yarelis para Es pa´lante, él viajó de Querétaro a la Ciudad de México a visitar a su madre. El día 22 de septiembre el venezolano tenía previsto regresar a su casa en Querétaro. Dejó su vehículo particular en casa de su hermano, quien lo iba a mandar a reparar y se trasladó hacia la terminal Central del Norte para abordar el bus.

Cuando se encontraba en la fila para comprar el boleto, un Guardia Nacional se le acercó y le pidió su credencial. Al notar que era venezolano le preguntó en tono irónico: “¿tú eres el que anda con esos pollitos que van a Monterrey? Él le respondió: “no sé de qué me estás hablando. Tengo años viviendo de forma regular en este país. Tengo mi residencia permanente y licencia de conducir”.

El funcionario castrense tomó los documentos y le pidió que lo acompañara al módulo que se encuentra dentro del estacionamiento. Allí el efectivo amenazó a Juan al decirle: “de ti depende que haga mi trabajo o no. Dame 1.000 dólares, o te entrego a los funcionarios de migración”. El esposo de Yarelis le contestó que no tenía esa cantidad de dinero y le pidió que le entregara sus documentos. Le aclaró que no estaba llevando gente para Monterrey con la intención de cruzar la frontera. “Yo no he cometido ningún delito, no sé porque me tienen acá. Yo soy una persona trabajadora”.

“Las explicaciones no fueron suficientes. El militar quería dinero y como no lo consiguió empujó a mi esposo. Lo atacó y él gritó. Varias personas al escuchar el escándalo se asomaron, pero no pudieron intervenir. Tenían miedo. El efectivo iracundo llamó por teléfono a uno de los agentes del Instituto de Migración que estaba realizando operativos. Lo entregó y de paso le dijo que Juan no portaba documentos de identidad”.

Pese a que fue desmentido porque la pareja de Yarelis acusó al efectivo castrense de haberlo despojado de sus credenciales, lo llevaron al centro de detención Las Agujas, ubicado en Iztapalapa. Allí solo pudo hacer dos llamadas telefónicas al día siguiente de su detención. La llamada que le hizo a su cónyuge apenas duró dos minutos. Alcanzó a decirle que fue retenido y que le habían quitado sus papeles de identidad. Lo metieron en una especie de calabozo. Junto a Juan había otro venezolano que lo detuvieron en Puebla, pese a que tenía su documentación en regla.

“A todos les quitaron los celulares, los degradaron e incluso los amenazaron con regresarlos a su país de origen”, cuenta la mujer. La celda donde permaneció Juan era un espacio reducido. Convivió con otras 10 personas sin sana distancia. La comida que recibió era precaria. La dieta se basaba en unos cuantos chilaquiles y agua de frijol. No conforme con los maltratos y el encierro, tuvo que presenciar el intento de suicidio de un haitiano. Se colgó con un trozo de franela porque estaba hastiado de la persecución. Los funcionarios llegaron a tiempo y evitaron la tragedia.

Mientras continuaba detenido, su esposa acudió a varias instancias para lograr su liberación: la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), la ACNUR. “Ambas instancias elaboraron un comunicado en el que instaban a los agentes de migración a que lo liberaran porque era refugiado. Tenía sus papeles en regla. Dos días después le permitieron salir. Pero no le entregaron sus documentos de identidad, ni sus tarjetas bancarias. De hecho, a los días pudimos constatar que intentaron sacar dinero de sus cuentas”, expone Yarelis.

Con el apoyo de COMAR, Juan y su esposa hacen gestiones ante el Instituto Nacional de Migración para recuperar sus documentos sustraídos. Sin embargo, el recuerdo del abuso, el atropello y la injusticia permanecen intactos. Su caso no es el primero. Es uno más que engrosa la larga lista de detenciones al margen de la ley que practica el Instituto Nacional de Migración y, que actualmente se ha agudizado en un intento de frenar la migración hacia Estados Unidos. En las terminales de buses, aeropuertos y carreteras se han desplegado cientos de agentes que están a la cacería de migrantes.

Atropello en cifras

Hay quienes están regularizados en el país, al igual que Juan y son víctimas de extorsión. Estos casos han sido documentados por la Organización No Gubernamental que brinda ayuda a la población migrante, Sin Fronteras IAP. En lo que va de año esta institución registra 148.903 casos de extranjeros que han sido llevados a los centros de detención migratoria. De esa cantidad, 67.847 son de nacionalidad hondureña, 44.712 guatemaltecos, 7.262 nicaragüenses, 7.171 haitianos y 1.114 venezolanos.

La estadística es basada en un informe numérico elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. Según el abogado migratorio Joaquín Arjona, los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen la autoridad para retener a extranjero siempre y cuando éste no presente documentos de identidad. Una vez que ellos constaten ante el sistema de verificación si es residente temporal o permanente, tienen que levantar las actas correspondientes y liberarlo. En estos procedimientos, no deben reportarse maltratos físicos, ni verbales y en este  caso donde hubo violación de derechos humanos y robo de documentos, es necesario interponer la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.

“Este último organismo cita al servidor público involucrado para someterlo a una interpelación. En caso de que se determine su responsabilidad lo pueden inhabilitar de sus funciones de 16 meses hasta 10 años, depende de la gravedad de la falta”, detalla Arjona.

De acuerdo con el análisis de Arjona, hasta hace seis años México era un país de tránsito. Solo lo usaban las caravanas de migrantes como un canal de paso hacia Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, esta nación pasó de ser un puente a refugio de cientos de personas que buscan una mejor calidad que vidas que en sus países de origen no les ofrecen. La cantidad de migrantes, se ha desbordado y se ha salido de control. Esto ha obligado a las autoridades a extremar los operativos de control y vigilancia en los pueblos fronterizos, carreteras y en las terminales terrestres y aéreas.

Impiden que se monten en buses

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada rueda de prensa Mañanera, instó a las empresas de transporte a que impidan el arribo de migrantes en las unidades.

 

 María Coromoto Escalona, estuvo a punto de quedarse varada en la terminal de buses de Saltillo (Coahuila). Ella es venezolana con residencia permanente en México. Narró para Es pa´lante que el 10 de octubre a las 12: 54 pm se dirigió a la taquilla de la compañía de transporte Omnibus, con la intención de cambiar la hora de su viaje a Guanajuato.

Cuando llegó a la taquilla para hablar con la cajera. Ella le preguntó dónde y por qué motivo le habían vendido el pasaje, debido a que la empresa prohibió el traslado de extranjeros por disposiciones internas. María le mostró su carnet de residente permanente que acreditaba su estancia legal en el país y le permitía viajar por cada rincón, sin problemas.

A pesar de ello, la mujer insistía en que no podía viajar. Tras dos horas  de discusiones, le permitieron a María abordar el bus, pero no quisieron hacerle el cambio de horario que necesitaba por razones de trabajo. “Es indignante que a pesar de que tengas tus papeles en regla tengas que recibir este trato. Los migrantes somos humanos, venimos a trabajar y aportar en los países de acogida. ¿Por qué nos persiguen de esa manera, nos maltratan, nos vejan?

Ante esta situación, el abogado Arjona manifestó la necesidad de que los migrantes con residentes salgan con sus documentos en regla. Aquellos que no tengan pasaporte vigente, por lo menos tengan una copia en blanco y negro a la mano. Aclaró que aquellas personas que están en proceso de solicitud de refugio ante la COMAR, se abstengan de viajar para evitar este tipo de inconvenientes.

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