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Por: Rafael Arias

Con un flujo de personas que ya supera los seis millones, de migrantes forzados o refugiados, muchos países han visto llegar a poblaciones venezolanas numerosas, generando en muchísimos casos, dentro de las comunidades receptoras situaciones de xenofobia y restricciones institucionales.

Este es un fenómeno que escala desde los ciudadanos comunes hasta quienes ostentan cargos de relevancia, en las estructuras de los Estados.

Hasta la fecha, los países que piden visa a los venezolanos se ha elevado a 98, de los cuales 22 corresponden a Latinoamérica.

Paralelo a ello, las deportaciones desde otros territorios, como Estados Unidos, también se mantienen e, incluso, se han incrementado los casos de tratos violatorios de los Derechos Humanos, como lo ocurrido recientemente con Trinidad y Tobago.

“Los receptores sienten rechazo por quienes llegan y suele manifestarse desde las formas más sutiles. Por ejemplo, se le niega un trabajo, o se le da un trabajo y no se le paga (…); hasta las formas más graves como los incidentes que hemos visto justamente en países como Chile, Colombia, Perú, donde ha habido actos violentos, en los que  incluso se les han quemado sus pertenencias en plazas que usaban como lugar para dormir», indica Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Aclara que este fenómeno, conocido como «xenofobia social» ha pasado a ser más institucional o política, lo que es tremendamente grave.

«Muchos líderes locales o regionales aprovechándose de ese rechazo al inmigrante venezolano, han utilizado esto para hacer campaña política y promesas electorales de restricción de entrada o de deportaciones masivas. La xenofobia institucional hacia el migrante venezolano también se demuestra a través de la imposición de visas, militarización de fronteras, entre otras». Explica que la xenofobia tiene un componente altamente negativo en contra de los DD.HH. de las personas migrantes y refugiadas.

Explica que si bien las causas de la migración forzada son multifacéticas no cabe duda que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela es un factor fundamental, que ha hecho que muchas personas se vean forzadas a dejar sus hogares.

“La imposibilidad de tener un proyecto de vida, con sueldos que no les permiten cubrir una parte mínima de la canasta básica, y que se traduce en que un tercio de la población se encuentra en inseguridad alimentaria son causas que persisten y que llevan a que muchas personas se vean obligadas a huir a otros países”.

La directora de WOLA no ve justificable una imposición de visado contra las poblaciones migrantes cuando la razón de su huida sigue estando presente.

“La imposición de visas contra personas que bajo el Derecho Internacional de los DD.HH., sobre todo en los estándares interamericanos del derecho al refugio, no puede ser justificable; pero son instrumentos políticos que están usando distintos países para evitar la llegada de venezolanos a sus territorios

Insiste que son grandes los desafíos que tienen los países para poder manejar estos flujos migratorios que en muchos casos son numerosos.

“La imposición de visas lo único que hace es incrementar los riesgos de las personas en movimiento; porque las razones por las cuales huyen siguen vigentes. Que le impongan una visa no detiene su necesidad de migrar. Lo único que hace es someter a esta persona a que utilice rutas clandestinas para poder llegar a su destino”.

Detalla que el uso de rutas alternas para lograr ingresar a algunos países por lo general los expone a mucho más riesgos.

“Hay un gran reto en cuanto a lo que realizan los Estados y lo que han hecho. En primer lugar, es necesario que los países  fortalezcan sus sistemas internos de asilo. Ya sea a través de la expansión de las oficinas donde se tramitan, de que deben tener un presupuesto adecuado estos sistemas de protección, pero que también establezcan otros tipos de regularización migratoria para la población venezolana migrante, en caso de no tener un sistema de asilo lo suficientemente robusto. Debe haber una política pública de cada país en materia de refugio”.

Asegura que en los cruces fronterizos debe haber oficiales de protección capacitados para atender las necesidades de las personas dependiendo de sus grupos diferenciados.

“Mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, cruzando fronteras y que estas últimas estén fuertemente militarizadas ya esto habla muy mal de la falta de preparación que están implementando los países receptores”.

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