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A través de los medios de comunicación María Adelaida de Chiodi, se enteró que había iniciado el programa de vacunación para los adultos mayores en México. Ella tiene 67 años y es venezolana con residencia permanente.  Al escuchar el anuncio en el programa de radio se inscribió sin problemas en la página web para recibir la dosis en la delegación de Cuajimalpa en la Ciudad de México.

Dos días después ella recibió la llamada para confirmar su inscripción en la página y posteriormente le llegó un mensaje de texto a su celular que indicaba que debía presentarse el 16 de febrero a la sede de la Unidad de Medicina Familiar #42 de Cuajimalpa, adscrita al Seguro Social. Su hija la llevó y la dejó poco antes de las 8:00am en la puerta del centro y se retiró porque tenía que trabajar. La fila para ingresar a las instalaciones era larga. Había algunos adultos mayores de pie, otros sentados y algunos familiares que le estaban guardando el puesto a varios beneficiados porque no estaban en condiciones de esperar tanto tiempo.

Mientras aguardaba una funcionaria ataviada de verde, gritó a todo pulmón que aquellos familiares que guardaban el puesto a los beneficiados del programa debían irse. A pesar de que la fila abarcaba más de una cuadra y del clima frío que los azotaba. Tras escuchar la orden, nadie se quejó y acataron el mandato. María Adelaida seguía en la cola. Tres horas después abrieron las puertas del centro para comenzar la jornada. A ella la sentaron en una sala de espera. Le piden su residencia permanente, el comprobante de domicilio y el registro de la página del plan de vacunación, con el fin de verificar sus datos.

A la 1:00 pm un hombre de voz gruesa la llamó por su nombre y apellido: “María Adelaida De Chiodi, pase por favor”. Ella se le acercó y el hombre le dijo: “Usted no tiene derecho a la vacuna porque es extranjera”. María Adelaida le respondió que estaba regularizada y había cumplido con los requisitos para inmunizarse. El funcionario no la dejó pasar y le indicó de manera tajante: “Los extranjeros no serán vacunados acá. No creo que en su país, Venezuela vacunen a los migrantes mexicanos”.

María Adelaida enojada le pidió que le devolviera el carnet de residencia permanente porque iba a denunciar este caso ante las autoridades por considerar que es un acto discriminatorio. El funcionario le pidió a cambio que le devolviera el ticket correspondiente al número de turno que le habían entregado cuando ingresó a las instalaciones sanitarias. Ella le dijo que no, porque ese boleto certificaba que ella había ido y no fue atendida.

Durante la discusión él le entregó su documento de identificación, pero le advirtió que “llamara a quien llamara, no iban a vacunar a extranjeros”. María Adelaida no recibió el apoyo del resto de la comunidad. Muchos fueron testigos del atropello y no la defendieron. Junto a ella, fueron devueltas otras personas mayores de nacionalidad mexicana porque sus recibos de luz no estaban a su nombre.

A raíz del altercado a María Adelaida se le disparó la tensión. Al verla pálida, los vecinos del edificio donde vive le preguntaron que le sucedía. Ella les narró su experiencia. “Mis vecinos se mostraron solidarios. Se ofrecieron a llevarme a otro centro para vacunarme, pero preferí dejarlo así. No estoy en condiciones de pasar otro mal rato”.

Al día siguiente fue colocado un letrero en el centro de vacunación donde acudió María Adelaida que decía: “No se aplicarán vacunas a extranjeros, ni a los habitantes de otras Alcaldías”. En otros centros de Cuajimalpa ocurrió lo mismo, los funcionarios fijaron carteles que les negaban el derecho a la vacunación a la comunidad extranjera, independientemente que tengan o no los documentos que acrediten su estancia legal en el país.

Muchos tomaron fotos como evidencia de que varios funcionarios habían incursionado en un acto de xenofobia. De hecho, el influencer mexicano Chumel Torres en su cuenta de Twitter, se hizo eco de la denuncia y posteó una fotografía de uno de los letreros, acompañada del siguiente texto: “Mientras que en Estados Unidos se vacunaron más mexicanos, nosotros damos la razón a por qué el presidente no sabe qué significa empatía”.

La publicación de Torres  en pocos minutos se viralizó y provocó la reacción de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. El director de Epidemiología, José Alomía informó que la vacuna contra el Covid -19, se aplicará de manera gratuita a los extranjeros que residan en el país, con el fin de propiciar la reciprocidad internacional para que los mexicanos residentes en el exterior también tengan acceso a la dosis. En esas declaraciones recordó que los extranjeros solo necesitaban la tarjeta de residente temporal o permanente, el documento de registro de la página del programa de vacunación y el Curp (Registro Único de Población).

Cuajimalpa se convirtió en el epicentro de las quejas de extranjeros que fueron excluidos de las jornadas de vacunación contra el Covid -19. Ana Romero relató que el miércoles 17 de febrero llevó a su madre de 79 años a vacunar en un centro, ubicado en la calle 25 de diciembre de la colonia Navidad. Ana también estaba con una amiga de 63 años que iba a recibir la dosis. Tanto su madre como su amiga son de nacionalidad venezolana.

“Cuando los funcionarios estaban pidiendo los recaudos, apenas vieron el pasaporte de mi mamá, le negaron la atención. Un funcionario de Bienestar Social, de manera tajante les dijo: este proceso es exclusivamente para mexicanos. Posteriormente, se abrirán jornadas para extranjeros”. Mi amiga, Lurba de Romero, quien tiene 15 años viviendo en este país y cuenta con sus documentos en regla, también corrió con la misma suerte que mi mamá”, relata Ana, al criticar la actitud déspota y cortante del funcionario que las recibió.

Carmen Vargas tuvo que ejercer presión en un centro de vacunación para que su esposo recibiera la primera dosis de la vacuna. Ella y su cónyuge son venezolanos y tienen residencia permanente. Relata que los representantes la organización sin fines de lucro Asylum Access México la ayudaron a registrarse en el sistema de vacunación para que ella y su esposo Carlos Leyva, de 83 años se inmunizaran.

El martes 16  de febrero le llegó el mensaje a Carmen de que su esposo debía ir a vacunarse a la escuela secundaria Dolores Ángela Castillo, ubicada también en Cuajimalpa. Llegaron ese mismo día a las 2:00pm. Carmen no se separó ni un segundo de Carlos porque es invidente. Pese a que la fila era larga, no tardaron  más de una hora en la cola para ingresar.

Cuando llegaron a la puerta, una mujer blanca y de baja estatura que se identificó como empleada adscrita a la Secretaría de Bienestar Social le dijo: “Si su marido no tiene la credencial de elector no puede pasar”. La credencial de elector es la cédula de identidad de los mexicanos y su esposo, solo tiene el carnet de residencia permanente porque no nació en este país. Ellos consignaron el resto de los documentos exigidos por las autoridades sanitarias para que les permitieran entrar y la mujer insistió en no dejarla pasar porque Carlos no tenía la nacionalidad mexicana.

Carmen indignada amenazó con llamar a representantes de la Acnur, si no dejaban ingresar a su esposo al área de vacunación. “No me muevo de aquí hasta que lo vacunen”, dijo. Luego de varios minutos, le permitieron la entrada. “Los funcionarios buscaron una silla de ruedas para trasladarlo a la zona de vacunación y a los pocos minutos lo inyectaron. Pero si no hubiera protestado, se hubiera quedado sin la dosis”, comenta la mujer.

Dónde y cómo denunciar

Joaquín Arjona, abogado migratorio manifestó las necesidad de que estos comportamientos xenofóbicos sean denunciados ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), un organismo público que procesa y toma acciones contra aquellas personas e instituciones que incurren en manifestaciones de rechazo por nacionalidad, orientación sexual y de género.  “Los afectados también pueden dirigirse al Ministerio Público para frenar este tipo de manifestaciones que atentan contra los derechos humanos, consagrados en la Constitución y la Ley de Migración de México”.

Las denuncias ante la Conapred, según Carolina Jiménez, directora de investigación para Latinoamérica de Amnistía Internacional, pueden formularlas vía Internet. Los afectados solo tienen que llenar un formulario, exponer la denuncia en un recuadro y dejar los datos para que sean contactados. El mecanismo de respuesta es rápido. “También es conveniente que los agredidos hagan una carta pública y la difundan por Twitter y por los medios de comunicación para que las autoridades tomen en cuenta los reclamos y se ejerzan las acciones pertinentes”, indicó la experta en derechos humanos.

Para Jiménez los atropellos registrados en los módulos de vacunación quebrantan uno de los principios fundamentales de la no discriminación, referente a que ningún gobierno debe excluir a los residentes de sus políticas sanitarias, independientemente de su estatus migratorio. Si es regular o irregular. Además la Organización Mundial de la Salud, explica, ha dicho que las naciones deben garantizar la vacunación a todos los residentes por razones de salud pública. No pueden vacunar a unos y excluir a otros. “Se requiere un plan de vacunación masivo porque si un grupo queda a la deriva, hay un riesgo inminente de contagios”.

En el caso de México, según Jiménez, hay serias deficiencias en el plan de vacunación; signado por la lentitud en la aplicación, desorganización que se ha evidenciado en largas filas en algunos centros y escaso nivel de capacitación de quienes atienden en los centros. Según cifras ofrecidas por la Secretaría de Salud hasta el 28 de febrero solo han vacunado a un millón 119 mil 171 adultos mayores de un total de 12 millones 450 mil que viven en el país azteca.

“La organización es vital para que el cronograma de vacunación pueda cumplirse. También es necesario que el personal sea informado debidamente sobre los protocolos de atención a la población migrante para evitar este tipo de incidentes”, indica.

México no es el único país donde se han reportado denuncias de este tipo, en otras naciones tampoco se han diseñado protocolos para vacunar a los migrantes. Esto ocurre, según Jiménez, porque este sector de la población no es una prioridad, debido lamentablemente no generan votos para los gobiernos y estos no se sienten comprometidos.

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