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Si bien la mayoría de los adultos mayores que migraron de Venezuela a otras tierras en búqueda de un sistema de seguridad social que los ampare, que vele por sus necesidades; no lo han encontrado. Ellos se han conseguido con infinidad de trabas para incorporarse de nuevo al mercado laboral y sostenerse. No cuentan con estabilidad, con una pensión que los respalde, ni ayudas continuas en materia de asistencia médica.

Esta situación agrava aún más los niveles de vulnerabilidad de una población que ya viene golpeada por el hambre, el encarecimiento de medicamentos y el colapso del sistema de salud venezolano. Eddy Zurita engrosa la lista de aquellos que están desamparados. Ella tiene 65 años y junto a su esposo arribó a México en julio de 2017 porque su yerno había conseguido un trabajo que le garantizaba estabilidad y posibilidades de crecimiento. En su natal Venezuela, se desempeñó por varias décadas como médico pediatra. Aquí tenía que validar su título para ejercer y por su avanzada edad le cerraron las puertas.

“Mi esposo y yo alquilamos una vivienda en una zona modesta de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Por mis conocimientos en el área de la salud, me dirigía a las farmacias para trabajar como despachadora. Al entrar a los locales lo primero que veía eran letreros en negritas que decían: solicitamos cajeras y personal de atención. Abstenerse mayores de 35 años”, relata.

Ese tipo de mensajes era una constante. Durante el peregrinaje en uno de esos establecimientos que visitó, se había asomado una posiblidad de empleo. La encargada de un negocio le dijo: “me gusta su perfil e incluso creo que puede ofrecer consultas de medicina general en la tienda por su nivel de preparación” y Eddy le contestó: “tengo años de experiencia, espero que me tomen en cuenta, pese a la edad”.

La mujer acordó que se comunicaría con Eddy para avisarle, pero la llamada nunca la hizo. La espera resultó infructuosa. Pasaron los días y Eddy tuvo que buscar otras opciones laborales hasta que logró que la contrataran en un call center. Sin embargo, las 10 horas que debía permanecer durante seis días a la semana frente a un computador, en una silla defectuosa, era una rutina tortuosa, agotadora que mermó su salud: los dolores de espalda no los soportaba. Pidió una cita médica en un hospital para tratarse, pero tenía que esperar tres meses para consulta.

“Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto había un Seguro Popular. Allí las personas sin distingo de nacionalidad podían tratarse en varias especialidades y recibir medicamentos sin costo alguno, pero al haber cambio de gobierno, el servicio fue eliminado”, explica la mujer.

Los malestares que padecía la obligaron a dejar el trabajo como operadora telefónica. Ella y su esposo se vieron obligados a vender dulces en la calle. Había que pagar renta y comida. No había otra opción. En este tiempo su esposo ha tenido problemas de salud. Tuvo que pagar una consulta privada que le costó 1.500 pesos y en exámenes médicos invirtió otros 7.000 pesos más. Su esposo debe volver al médico para que le de un diagnóstico, pero no hay dinero para costear una nueva consulta. Hay que esperar.

La pensión que Eddy y su esposo devengaban en Venezuela, se la cedieron a terceros. Es de 400 mil bolívares, equivalentes a un dólar al mes, cantidad que allá les rinde para comprar un paquete de harina y acá solo les alcanza para unas galletas. “Estamos a la buena de Dios y le pedimos que no nos enfermemos de gravedad porque no tenemos cómo costear medicinas y gastos de hospitalización”, expresa Eddy.

Escaso apoyo

Para Luis Francisco Cabezas, director general de la ONG Convite, en Latinoamérica no hay interés en salvaguardar los derechos de los representantes de la tercera edad. De hecho, solo nueve países suscribieron en el año 2016 la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. Entre las naciones que se aliaron al acuerdo y se comprometieron al establecimiento de políticas en función del bienestar de este grupo, destacan: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. México y Venezuela engrosan la lista de los que se abstuvieron a formar parte de este bloque.

Otro factor que, a juicio de Cabezas evidencia la falta de interés por parte del gobierno de Venezuela en mejorar las condiciones de los abuelos en el exterior, es el incumplimiento en el pago oportuno de la pensión. A los que residían en Ecuador, Chile, Portugal, España, Uruguay e Italia el régimen venezolano les pagaba a una tasa equivalente a 10 bolívares por dólar, cantidad que les alcanzaba para cubrir ciertos gastos. Sin embargo, desde hace 22 meses no reciben un centavo de ese aporte. “La situación ha llegado a un nivel tal de precariedad que nos han llegado reportes que en España hay quienes viven en la indigencia, que no pueden pagar renta ni comida”, detalla el entrevistado.

Aunque Zaida Lugo no vive en situación de calle porque su hijo le ayuda a cubrir sus gastos básicos, ni siquiera tiene pasaporte vigente para regularizar su situación de permanencia en México, país donde reside desde hace 10 meses. En Venezuela ella trabajó como enfermera por más de tres décadas. Tiene 66 años y confiesa que quiere seguir prestando su servicio a la comunidad.

“Me siento activa para trabajar y quiero hacerlo. No me veo aún sentada en la casa tejiendo o asistiendo a misa. Estoy en plena capacidad de producir, de atender enfermos, pero nadie me contrata porque no estoy legalizada en este país y aún así, por mi edad sería cuesta arriba conseguir empleo. Tengo necesidades. Me urge enviar dinero para ayudar a mi familia en Venezuela. Tengo dos hermanos enfermos de coronavirus y estoy atada de manos, no tengo cómo ayudarlos”, manifiesta Zaida entre lágrimas.

A ella aún no se le ha presentado una emergencia médica y si llega el momento no sabría dónde acudir. Si no tiene pasaporte vigente, menos un seguro que la respalde. Padece de artritis y los dolores de la enfermedad los combate con pastillas de Diclofenaco que su único hijo le compra en la farmacia. No sufre de hipertensión, ni diábetes, pero a diario eleva plegarias que la libren de sufrir de esos males porque no tiene cómo afrontarlos en un país extraño.

Cifras alarmantes

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 10.1 millones de adultos mayores, incluyendo los migrantes. De esa cantidad, más del 60%, es decir cerca de 6 millones viven en condiciones de pobreza y abandono. Actualmente existen 10 organizaciones, entre públicas y privadas que apoyan a esta población. Una de ellas, es la Fundación Tagle, que proporciona asistencia médica y despensas. También la Fundación de Ayuda a la Ancianidad, ofrece cobijo, a través de una casa hogar, ubicada en Ciudad de México, a los mayores de 65 años. Sin embargo, sus instalaciones no tienen capacidad para albergar a la creciente demanda de personas de tercera edad en búsqueda de refugio.

Aunque las soluciones para los venezolanos podrían parecer remotas, hay una luz que se asoma al final del túnel. En octubre está previsto un encuentro de asociaciones que rigen la materia en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, con el fin de emprender una campaña mundial destinada a erradicar la discriminación y establecer planes dirigidos a incorporar y mejorar las condiciones de vida de los ancianos.

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