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Aurelia González tiene 67 años y llegó a México en noviembre del año pasado. Su hijo Roberto se la trajo para huir de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela desde hace varios años. Ya no aguantaba más. Estaba harta de las quejas por la escasez de gasolina y la hiperinflación. Los primeros días de diciembre se contagió de Covid-19.

Los síntomas que presentó no ameritaron hospitalización. No tuvo bajas en la saturación de oxígeno, apenas fiebre y dolor de cabeza. Sin embargo, el padecimiento le impidió iniciar los trámites para legalizarse. Por las redes sociales se enteró del programa de vacunación, dirigido en una primera fase a las personas de la tercera edad.

El día del lanzamiento del programa, al igual que la mayoría de la población, no tuvo suerte para postularse, pues la página de registro diseñada por la Secretaría de Salud (http://mivacuna.salud.gob.mx), colapsó debido al volumen de personas que intentaron inscribirse para inmunizarse. Al día siguiente cuando la falla fue solventada, intentó registrarse pero no pudo. Esta vez no fueron los problemas de la red, sino la exigencia de la Clave Única de Registro de Población (Curp). La clave es un serial alfanúmerico que se le entregan a los migrantes una vez que se regularizan en el país y les entregan la residencia temporal o permanente. Lo exigen para cualquier trámite: para abrir una cuenta bancaria, sacar la licencia, estudiar y buscar un trabajo formal.

Aurelia no pudo avanzar en su trámite. Confiesa que sintió como si le colocaran una etiqueta: “Estás irregular y no tienes derecho a nada”. Dice que a pesar de que no está regularizada, es un ser humano y tiene la potestad de vacunarse. “Este proceso es excluyente y violatorio a los Derechos Humanos. Estamos frente a un problema mundial, una crisis sanitaria que ha afectado a millones de personas. Aunque me dio Covid, hay altas probabilidades de que vuelva a contagiarme y por no tener un carnet que acredite mi estancia legal en el país, en este momento, no puedo registrarme en el plan para recibir la dosis para prevenir el virus. Es injusto”, expresa Aurelia.

Virginia González, de 67 años, también tiene unos meses en el país. Proveniente de Venezuela, está a la espera de su residencia permanente. La pandemia ha retrasado la entrega de su carnet. No consigue trabajo porque no tiene documentos y depende económicamente de su hijo. Por una vecina se enteró que ya habían habilitado el portal para registrarse y obtener el pase a la vacuna. Ella no está familiarizada con las herramientas tecnológicas. Jamás ha prendido una computadora, no sabe cómo entrar a Google y recurrió a su vecina para que la orientara porque su hijo estaba trabajando.

La vecina le explicó paso a paso, pero también se quedaron detenidas cuando le pidieron introducir el número de Curp. Tampoco pudo avanzar. “Quería que me vacunaran rápido porque tengo miedo a enfermarme. He tenido problemas respiratorios desde pequeña. Si me contagio de coronavirus, lo más probable es que mi cuadro se complique. Aunque me cuido y trato de no salir, no estoy exenta a contraer la enfermedad.  El plan de vacunación además de ser gratuito, debe abarcar a todos, sin distinciones; no solo a un grupo. Los que no tenemos papeles, estamos en un limbo y esta enfermedad sigue cobrando vidas y la mayoría de las víctimas son los adultos mayores”, dice.

La semana pasada la directora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en rueda de prensa indicó que se trabaja en una estrategia puntual para captar a la población que no tiene Curp y los migrantes de paso. Ya el proceso de vacunación comenzó el 15 de febrero y aún no se ha definido el protocolo de inmunización para las comunidades que no están regularizadas.

Para el abogado migratorio, Joaquín Arjona,  el hecho de que hasta la fecha no se haya diseñado un plan para vacunar a esta población vulnerable, es un acto de discriminación, exclusión y quebranta el artículo 8 de la Ley de Migración, el cual establece que toda persona que se encuentre en el país tiene derecho a recibir atención médica independientemente de su situación migratoria.

“Acá vemos que las personas que aún no tienen Curp y les niegan asistencia médica en los hospitales adscritos al Seguro Social porque no tienen número de inscripción, debido a que no han legalizado su estancia en el país. Lamentablemente, en algunos casos se ven obligadas a pagar consultas privadas, mientras que otros lo hacen de forma ambulatoria en sus casas porque no tienen recursos para pagar un servicio médico privado. Ellos tampoco pueden abrir una cuenta bancaria, ni sacar una licencia de conducir, entre otros trámites”, destaca.

Población en el limbo

Arjona comenta que el gobierno tampoco hace una distinción respecto a la población migrante a vacunar. Solo dice que está trabajando un plan para quienes tienen un “estatus migratorio diferente”. “A qué se refiere con eso? Quiénes son los que se van a beneficiar? aquellos migrantes que están tramitando su refugio? los que son residentes temporales por reunificación familiar, o por asuntos laborales? Estos aspectos deben ser aclarados por las autoridades sanitarias, y la realidad es que los migrantes que no están regularizados, están en el limbo”, explica el experto.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México hay un millón 212 mil 252 migrantes. La mayoría no se han regularizado por varios motivos. Uno de ellos es que pisan suelo mexicano como una escala para pedir refugio o asilo en los Estados Unidos. Otros apenas están en proceso de legalizar su estancia en calidad de refugiado, procedimiento que se tramita ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por la pandemia. “Estas personas no han podido solicitar empleo, ni reciben ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Están excluidos”.

Un panorama similar al que se vive en México, se registró en Colombia. Antes de que el presidente de ese país Iván Duque, anunciara la regularización de los venezolanos que no han podido legalizarse en ese país, había informado que en su plan de vacunación solo tomarían en cuenta a los ciudadanos venezolanos que tuvieran doble nacionalidad y los regularizados.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por su puesto que no serán inmunizados”, dijo en aquella oportunidad el mandatario.

Su postura en ese entonces fue blanco de críticas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Hasta los representantes de la Cruz Roja se opusieron a la medida. “No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”, manifestó la organización internacional, a través de un comunicado.

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