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A Mariana Fonseca (nombre ficticio para proteger su integridad) la crisis económica que atraviesa Venezuela asfixiaba su presupuesto.  En el año 2017 decidió emigrar a México para garantizarle a sus pequeños un techo y las tres comidas a sus dos niños. El padre de Mariana que vive en la Ciudad de México, le brindó techo, pero no ganaba lo suficiente para cubrir los gastos de manutención de los pequeños. Mariana debía buscar trabajo cuanto antes.

Al llegar al país azteca Mariana comenzó los trámites de legalización en calidad de refugiada ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Era un proceso lento. Había muchas solicitudes por parte de sus paisanos, interesados en regularizar su estancia para buscar un trabajo formal. En vista de que no tenía su carnet de residente permanente, debía conseguir un trabajo informal para mantener a sus niños. Comenzó a buscar entre conocidos que la ayudaran. Una amiga de su ex esposo le dijo que le podía conseguir trabajo como mesera en un restaurante, ubicado en Naucalpan, estado de México.

Allí no le exigían documentos. Solo le pedían reunir ciertas condiciones físicas: ser alta, delgada, bonita. Para la entrevista le exigieron que llevara vestido. A los dueños del negocio le gustó el porte de Mariana y no dudaron en contratarla. Mariana pensaba que su trabajo se limitaba a servirle a los clientes que pedían comida o un trago. A los pocos días le informaron que entre sus obligaciones estaba la de beber alcohol con ellos en la mesa. Semanalmente debía beber más de 50 tragos pagados por los clientes, en su mayoría eran hombres solos que querían divertirse y pasar el rato con buena compañía.

“No me obligaron a acostarme con los clientes, pero debía cumplir un horario pesado. En un principio era de 5:00pm a 12:00am y después se extendió hasta las 3:00 am y 5:00 am. Otras compañeras ofrecían servicios sexuales para ganar más. Cuenta que fueron incontables las veces en las cuales lo clientes intentaban sobrepasarse. Me tocaban las piernas, me susurraban al oído que querían estar conmigo, mientras se emborrachaban. Era muy incómodo. Yo les quitaba las manos de mi cuerpo sutilmente para evitar que se disgustaran”.

Casi todas las mañanas llegaba a su casa trasnochada, destilando alcohol. Muchas veces no podía mantenerse de pie por el estado de ebriedad en que se encontraba. Su padre le decía: “deja ese trabajo. Busca otra cosa. Mira en el estado en que llegas a la casa”. Ella no tenía otra opción: lo que ganaba su padre apenas alcanzaba para pagar parte de la renta del apartamento donde vivían. El padre de sus hijos estaba desentendido. No aportaba un centavo para su manutención.

No podía buscar un trabajo formal porque no tenía la residencia permanente en ese entonces. Recuerda durante el año y medio que estuvo trabajando en ese lugar dos episodios violentos de los que fue víctima. Uno de ellos: era un hombre con quien estaba compartiendo en la mesa y la invitó a ir a otro local. Ante la negativa, el sujeto esperó que ella saliera del negocio y la apuntó con una pistola para que se fuera con él. “Por fortuna el personal de seguridad del local intervino y me resguardé hasta que amaneciera”.

Meses más tarde, una de las meseras la atacó y la golpeó porque supuestamente le había quitado a un cliente. Mariana recibió un golpe en la cabeza que la derribó. La contusión no causó mayores daños, pero fue el detonante para que ella se diera cuenta de que no podía permanecer más allí. Ella obtuvo la residencia permanente y renunció. Ahora trabaja como recepcionista en un horario que le permite brindarle atención a sus niños y sin inicidencias que pongan en riesgo su integridad. “Acá estoy en un ambiente, sano y tranquilo, no me explotan, ni tampoco me expongo a que algún hombre me toque y me haga propuestas indecorosas. Puedo acompañar a mis hijos en sus tareas, lo cual era imposible porque durante el día dormía porque laboraba de madrugada y llegaba mareada con ganas de vomitar de la cantidad de alcohol que debía beber”.

En el lugar donde trabajó Mariana siguieron laborando otras 22 venezolanas. En la página de Facebook del local comercial las exhiben en fotografías con ropas diminutas, como un catálogo. El sitio las muestra al lado de platos suculentos y de bandejas con jarras de cerveza.

Sometidas al abuso

Mariana es una de las tantas mujeres que han sido víctima de explotación y abusos durante el proceso migratorio en Latinoamérica. Un estudio hecho en el año 2020 por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, reveló que hasta la fecha 5 millones 563 mil 687 personas se han marchado de Venezuela por la crisis económica y social. De esa cantidad, el 52%, es decir cerca de dos millones 800 mil, son mujeres.

Según su estudio estadístico elaborado por el organismo, el 40% de las mujeres migrantes son obligadas a trabajos forzados, con poca remuneración y de largas horas en los países de acogida por falta de documentación. Un 35% viven en condiciones de pobreza, pues carecen de servicios y de vivienda y alimentación adecuada y un 45% no tiene acceso a la educación.

Para la abogada Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una ONG derechos humanos, hasta hace poco era el hombre el que migraba para hacer un piso y enviarle dinero a la familia. Una vez que conseguía la estabilidad deseada, buscaba al resto de sus parientes para iniciar una nueva vida lejos de la crisis que agobia a Venezuela. Sin embargo desde el año 2019, la tendencia migratoria ha cambiado. Se han visto mujeres en grupos, solas, embarazadas o con hijos que han decidido salir del territorio venezolano para buscar atención médica y buscar un trabajo que les permita salir adelante. Sus edades oscilan entre 18 y 35 años.

“En ese tránsito son víctimas de explotaciones laborales y sexuales. Muchas por falta de documentación no se atreven a denunciar por temor a que las devuelvan a su país de origen. Otras no saben a qué instancias recurrir para denunciar esos abusos porque están en un país extraño. Desconocen las ONG´s y los procedimientos legales para que su reclamo sea escuchado y se tomen cartas en el asunto”, explica la experta.

Otro aspecto importante que destaca la abogada es que la mayoría de las mujeres están solas, no cuentan con un entorno familiar que las amparen y eso las hace aún más vulnerables. Ese es el caso de Brigitte Andrade (nombre ficticio para proteger su integridad). Su pareja estaba residenciado en México desde hace nueve meses. Estaba trabajando como obrero en una construcción. A finales de 2018, le mandó dinero para que se viniera. Brigitte estaba embarazada y viajó por tierra de Venezuela a Colombia para ahorrarse el pasaje  de avión en ese trayecto. El viaje no fue cómodo. Recorrer más de 30 horas de carretera con cuatro meses de gestación fue un viacrucis. No dormía bien, las nauseas eran continuas. Solo comía algunas chucherías en el camino y se le hincharon los pies.

Cuando llegó a Bogotá esperó más de cinco horas en el Aeropuerto Internacional de El Dorado para abordar un vuelo con destino a Ciudad de México. La travesía aérea duró otras cuatro horas. Al llegar su esposo la recibió, pero la bienvenida no fue tan cálida. Estaba distante y  seco. La llevó a una casa humilde de una habitación que había rentado en Tlalpan. Durante la convivencia ella fue víctima de maltrato psicológico. Cuando nació el niño decidió separarse y él se desentendió. Se fue de la casa y Brigitte tuvo que asumir los gastos de la renta y mantener a un recién nacido. Para el momento de la ruptura, ella aún no había recibido su tarjeta de residente permanente. Estaba en trámites ante la Comar. “Mi vecina me ayudó con comida la crianza del bebé, mientras salía a buscar trabajo, pero no conseguía porque aún no estaba regularizada”.

Ella es Técnico Superior Universitario en Administración, pero sin papeles, no puede aspirar a nada. Hacía recorridos a pie por tiendas, restaurantes y demás servicios. Hizo parada en una fonda (un restaurante de comida casera). Allí la dueña le dijo que la podía emplear como mesera y lavalozas. El sueldo era de tres mil pesos, equivalentes a 150 dólares. De esa cantidad, solo le quedaban disponibles mil pesos para la compra de comida porque los otros 2.000, se iban en renta. A veces le daban 300 pesos de propina, pero no era todos los días. “Allí no solo debía atender las mesas y lavar los platos. Cuando  requerían tenía que limpiar todo el restaurante por el mismo sueldo, además de trabajar horas extras, sin remuneración adicional”.

Recuerda que una vez que se atrevió a pedirle a la dueña del negocio un pago extra por el tiempo adicional. Le respondió: “dale gracias a Dios que te di trabajo. Con eso basta, si te parece poco, allí está la puerta. Tengo gente que por menos de lo que te pago, está dispuesta a venir todos los días”.

Aunque a través del programa Casa de Refugiados Brigitte ha recibido ayuda, requiere un empleo estable que le brinde beneficios de ley. Pero debe esperar a que se regularice su estancia legal. “No me queda otra opción que aguantar, sigo intentando en otros sitios, pero es difícil porque aún no tengo la residencia permanente”.

El anzuelo para pescar

El Consejo Internacional Sumando Venezuela, organización que se encarga de brindar protección a los migrantes en México, ha documentado durante el año 2020 y lo que va de 2021, un total de 45 denuncias de mujeres venezolanas y centroamericanas que han sido sometidas a explotación laboral y sexual. Liz Marilyn Torres, presidenta de esta ONG, comentó que los dueños de algunos establecimientos comerciales del estado de Quintana Roo les pagan menos del salario mínimo y las obligan a trabajar entre 12 y 14 horas diarias. Se aprovechan porque no tienen documentos legales. Destaca los casos de mujeres venezolanas que son contratadas desde el país sureño, les pagan el pasaje aéreo y les ofrecen  alimentos, hospedaje y sueldos fijos para trabajar como edecanes o promotoras.

Una vez que llegan, explicó Torres les quitan el pasaporte para retenerlas. Les dicen que deben ofrecer servicios sexuales a los clientes. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 18 y 29 años. En el caso de las centroamericanas, de acuerdo con lo documentado por Torres,  las llevan a lugares comunidades apartadas de difícil acceso. “Las que se han atrevido a denunciar estos hechos les brindamos abrigo y acompañamiento jurídico ante el Instituto de la Mujer y la Fiscalía General del Estado. Los casos están en proceso de averiguación”, informa.

La situación es tan grave que en los próximos días Cisvac pondrá en marcha un programa dedicado exclusivamente a la asistencia de denuncias de este tipo. El programa se llama Leticia, en honor a una migrante centroamericana que fue blanco de abusos durante su proceso migratorio y que a pesar de ello, salió adelante.

Para la abogada Sara Fernández la mujer venezolana está estereotipada en el exterior. “Pareciera que lo único que exportamos son mujeres bellas con cero talento”. De ahí se agarran los explotadores. De hecho, en los grupos de Facebook abundan las ofertas de trabajo de dudosa procedencia en las que piden que solicitan meseras, edecanes y promotoras, de preferencia venezolanas, altas delgadas, bonita. Como requisito solo deben enviar una fotografía. En algunos casos las ofertas dicen que no importa si están regularizadas o no.

También hay hombres que dicen: “quiero conocer a una chica venezolana”. Como si estuvieran en oferta. Estas propuestas son hechas bajo el consentimiento de los administradores de los grupos.

Los gobiernos y las ONG´S que hacen vida en los países de acogida, de acuerdo con Fernández deben unir esfuerzos para el desarrollo de políticas de protección para las mujeres migrantes. También elaborar campañas informativas agresivas con el apoyo de los medios de comunicación sobre dónde y cómo denunciar si eres víctima de abuso y explotación sexual. En México las organizaciones Equis, Sin Fronteras, Cisvac, los Centros de Justicia para las Mujeres, Comisiones Estatales de Derechos Humanos y las Fiscalías Generales de Justicia, atienden esos casos.

En este link pueden acceder a los contactos de estos organismos: https://equis.org.mx/contacto/

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