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El último reporte estadístico que arrojó la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), indicó que Venezuela ocupa el cuarto lugar de solicitudes de refugios en el país azteca al contabilizar de enero a junio del año en curso 2.014 peticiones. Solo superada por los países centroamericanos: Cuba (3.068), Haití (3.668) y Honduras (6.451).

La dependencia gubernamental que canaliza las aprobaciones de estancia en México por razones humanitarias, ha recibido cerca de 19.211 peticiones en ese período de tiempo. De esa cantidad, 12.377 fueron aceptas en las oficinas de Chiapas; donde ingresa el mayor número de migrantes, provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador; 1.209 en Veracruz y 114 en Tabasco.

Según Gabriel Mares, abogado migratorio, antes del año 2015 Venezuela era considerado un país que no ameritaba concesiones de refugio por violaciones a los Derechos Humanos. La mayoría de las peticiones, eran pocas y fueron rechazadas porque no se denunciaban abiertamente en las organizaciones internacionales esos episodios que requerían brindar ese tipo de asistencia. No había pruebas fehacientes de persecusiones políticas, hambruna y desmejoras de las condiciones de vida.

Sin embargo, el panorama cambió. La crisis en el país sudamericano aumentó de forma vertiginosa, no solo por la debacle económica generada por la devaluación del Bolívar, sino por las detenciones arbitrarias por motivos políticos, problemas de desabastecimiento, colapso de los servicios públicos, inseguridad y encarecimiento de los productos básicos que le imposibilitaban al venezolano hacer las tres comidas diarias.

Venezuela se convirtió en tierra de nadie, gobernada por la anarquía y la opresión. Eso condujo a la migración forzada. La mayoría de los que huyeron se fue a Colombia, Ecuadorm Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos. Otros tantos se esparcieron por España. En México la cifra ronda las 80.000 personas que escaparon de la crisis, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración.

El organismo gubernamental también indica que el 80% se concentra en las principales regiones: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. También Cancún la población de criollos ha aumentado y labora en el sector turístico. “Entre 2016 y 2017 esta marea de gente invadió las oficinas de Comar. Recuerdo que en la sede de esa dependencia en Ciudad de México se hacían tres filas de más de 50 aspirantes diarios, interesados en la aprobación del refugio para laborar y comenzar una nueva vida, lejos de la hostilidad que los asediaba en Venezuela”, relata el abogado.

El número de solicitantes en los últimos años ha superado con creces la cantidad de funcionarios que atienden los casos. Solo hay 50 funcionarios en toda la república mexicana y no se dan abasto. En un principio, el proceso tardaba mes y medio; ahora puede demorar hasta un año. “El sismo registrado en 2017 ocasionó graves daños en la sede de Comar en Ciudad de México. En esa época se ubicaba en la colonia Condesa. Debido a los daños que sufrió la estructura, el edificio fue cerrado definitivamente y no pudieron recuperarse los documentos archivados. Se perdieron expedientes y muchos aspirantes tuvieron que iniciar desde cero el proceso”.

Para muestra un botón, Jesulys Pino tardó más de 10 meses en recibir su carnet de residente permanente. Ella llegó a México en diciembre de 2017. Estaba estresada por la situación en Venezuela. Vivía en Carúpano, estado Sucre. Su casa fue saqueada cuatro veces por las bandas criminales de la zona. Llegó un punto en que no había nada que robar. Hasta los cuadros se los llevó el hampa. No conforme con ello, debía madrugar a las 4:00 am para hacer mercado porque las colas para comprar comida eran interminables. No podía participar en protestas por temor a que la encarcelaran injustamente. Su experiencia la convirtió en candidata a refugio en México.

“Llegué al país azteca por mi hermana que trabajaba como voluntaria en Médicos sin Fronteras. Ella me contactó a una abogada migratoria que al escuchar el caso me indicó que acudiera a una de las oficinas de Comar. Me hicieron dos entrevistas, una oral y otra por escrito. Les narré lo que viví en Venezuela e inicié el proceso. Debía acudir religiosamente todos los lunes a firmar para dejar por sentado que no tenía intenciones de irme a Estados Unidos”, cuenta Jesulys.

Mientras esperaba por su carnet, ella debía trabajar para mantenerse. La búsqueda de un empleo estable le costó porque le dieron una credencial provisional. El documento no tenía el número de Curp (registro único de población), indispensable para ingresar formalmente al mercado laboral. En un restaurante le dieron la oportunidad como mesera y más tarde consiguió en un centro de estética y depilación de cejas. “Sin Curp son pocas las opciones para trabajar. Tampoco podía insribirme en la universidad para continuar los estudios que dejé inconclusos. El proceso para legalizar mi situación acá se me hizo eterno. Cuando iba a firmar, las filas eran larguísimas. Duraba media mañana. En la cola también conseguías cubanos y colombianos”, explica la migrante.

Su proceso culminó a finales de 2018. Tras una larga espera pudo recibir su carnet de residente permanente y puede optar a cualquier trabajo formal. Se incribió en la universidad para titularse en Mercadotecnia. Lo único que lamenta es que por su condición de refugiada no puede regresar a Venezuela a visitar a su familia hasta que el régimen de Maduro caiga. “Llevo conmigo ese duelo, esa nostalgia de no estar al lado de mi familia, pero esperemos que el panorama cambie para abrazarlos de nuevo y contemplar las costas de mi pueblito”, comenta.

 

Procesos detenidos por la pandemia

Aunque en el año 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) recomendó la agilización de los procesos de autorización de permisos de estadía, debido a las quejas por las tardanzas, durante el 2020 han estado prácticamente paralizadas por la pandemia. Uno de los afectados por esta situiación es Juan Liendo, quien llegó a Ciudad de México a finales del mes de enero. En febrero comenzó a acudir para estampar las firmas, pero las actividades en las oficinas de Comar se suspendieron.

“Quedé a la deriva porque me entregaron un documento, pero ese no me sirve para conseguir un empleo formal. Por fortuna encontré trabajo como mesero en una pequeña fonda en el estado de México. Solo me pagan 2500 pesos porque no tengo papeles. Esto haciendo trabajos de plomería y albañilería para sobrevivir hasta que reabran las oficinas para culminar el proceso”, comenta Juan.

Hasta la fecha las firmas en las oficinas de Comar continúan interrumpidas por la pandemia. Solo se mantiene activa la recepción de solicitudes. En casos puntuales las entrevistas para la aprobación de refugios se están realizando de forma virtual.

Fotos: Cortesía El Nacional y Suramérica Press

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